Un lunes 4 de octubre de 1982
Se
apaga una luz, nace un relámpago
Hace 44
años ocurrió la Masacre de Cantaura. La vida de veintitrés (23) combatientes
fueron apagadas en un enfrentamiento muy desigual contra fuerzas combinadas de
aire y tierra del ejército, la aviación y los cuerpos de seguridad del Estado.
De los 23 fallecidos, más de 11 mostraban “tiros de gracia” en la nuca, lo que
evidenciaba que fueron ejecutados luego de estar heridos o ser apresados,
contraviniendo las más elementales normas de guerra estipuladas en el Pacto de
Ginebra. Los efectivos de los cuerpos de inteligencia del Estado —DIM y Disip,
especialistas en tortura y tratos crueles a los prisioneros— se encargaron de aplicar
esa operación exterminio. Conducta criminal que contrasta totalmente con la
ética revolucionaria mostrada por uno de los grupos de guerrilleros que
lograron sortear el cerco y detuvieron a cuatro soldados, a quienes se les
respetó la vida y fueron liberados sanos y salvos, luego de que la escuadra de
sobrevivientes los hubo desarmado y se encontraban fuera del peligro.
El
principal destacamento del Frente Guerrillero Américo Silva (FAS) estaba en
preparativos para realizar una acción propagandística y de recuperación de
recursos. Había concentrado una cantidad de efectivos importante, para ser una
guerrilla en terreno de los llanos. Se trataba de la toma de la población de
Cantaura. Habían ubicado su campamento base en las cercanías de esa ciudad, en
un lugar conocido como Los Changurriales del Morocho Evans.
Debemos
recordar que el FAS hace su primer aparición pública el 14 de agosto de 1977,
en una acción que permitió la liberación de 13 presos políticos que estaban
recluidos en la cárcel de La Pica, en Monagas. Dicha operación fue planificada,
dirigida y ejecutada por Bandera Roja y llevaba el nombre de Vicente Contreras Duque, para homenajear
al dirigente nacional del partido que un año antes había sido asesinado en el
estado Bolívar, en un sector rural conocido como “Las Pavas”.
Los
principales mandos del Frente Guerrillero Américo Silva (FAS) estuvieron entre
los caídos. El primer comandante Roberto Rincón Cabrera —“El
Catire”—, Enrique Márquez Velásquez, Rosa Emperatriz Guzmán, Sor Fanny Alfonzo,
Carlos Jesús Hernández, Carlos Sambrano, Antonio Echegarreta, Mauricio Tejada,
José Miguel Núñez, Nelson Pacín, Diego Alonso Carrasquel, María Luisa Estévez,
Euménides Gutiérrez, Carmen Rosa García, Beatriz Jiménez, Baudilio Herrrera,
Eusebio Martell, José Isidro Zerpa, Julio César Farías, Hildemar Morillo, Luis
Gómez, Jorge Luis Becerra y Rubén Castro. Jóvenes que se habían curtido en sus
primeras luchas en liceos y universidades, en centros fabriles, en caseríos y
en escuelas públicas.
Provenían de distintas
regiones del país, desde Táchira y el Zulia, hasta Sucre y Bolívar, pasando por
el centro norte-costero. Congeniaban su profundo sentido revolucionario con una
práctica que buscaba formación y educación para ser más eficaces en la
organización del pueblo para luchar por los cambios que Venezuela requería.
El
gobierno del socialcristiano Luis Herrera Campíns había ordenado matar en la
cuna el embrión insurreccional que renacía en las montañas del Oriente. Le
había tocado gobernar en un tiempo en el que comenzaba la retracción de la
economía nacional. Ya había pasado el enorme boom petrolero de la década
de los 70, que en definitiva fue un festín de corrupción y dilapidación
del erario nacional,
y que había significado un colosal enriquecimiento en breve tiempo de sectores
de la oligarquía venezolana. De ese jolgorio financiero de putrefacción y
despilfarro, nacieron los nuevos grandes millonarios conocidos como “Los Doce
Apóstoles”, que giraban alrededor del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez.
Desde
comienzo de los 80, en las filas de Bandera Roja se analizaba la debacle que ya
se veía venir sobre los gobiernos del bipartidismo y que luego (en 1983) se
evidenciaría plenamente en el llamado “Viernes Negro”, donde comienza la
devaluación del bolívar y a tomar un descomunal peso en el presupuesto nacional la creciente deuda
externa. Pese a más de un lustro con exorbitantes ingresos de petrodólares al
fisco —en
los tiempos de “ese güisqui está barato, dame dos”, o “voy a almorzar a Miami y
vuelvo más tarde”—, al pueblo trabajador sólo le tocaron las migajas y las
sobras de tremendo derroche.
Un dato relevante
que se tomó en consideración —proveniente de los informes del Banco Central— ,
fue que entre 1978 y 1982 la distribución de la riqueza se había invertido en
detrimento del trabajo de una manera bárbara. La alícuota que correspondía al
trabajo, grosso modo, había pasado de 65 % a 45 %, mientras que lo
correspondiente al capital había subido de 35 % a 55 %. Comenzaba el deterioro
de todo el sistema de seguridad social y a declinar un conjunto de
reivindicaciones que estaban asociadas al salario y sus incidencias en otros
proventos que beneficiaban al trabajador y a su familia, en particular las
prestaciones sociales.
Basados en
esos análisis y en las principales tendencias a que apuntaban las
circunstancias, Bandera Roja se dispuso a prepararse para la posibilidad de que
se presentase una situación revolucionaria que exigiera cambios de mayor
significación que la rotación electoral entre adecos y copeyanos. Sus
principales esfuerzos los puso en el levantamiento de un fuerte y amplio
movimiento de masas —en
la clase obrera, en los sectores campesinos, en la intelectualidad, en el
movimiento estudiantil y universitario— que estuviera firmemente anclado en
las luchas reivindicativas, pero que a su vez abriera la conciencia en vastos
sectores de la población sobre la necesidad de ruptura de las cadenas
imperialistas que impedían que el país lograra un verdadero desarrollo nacional
de sus capacidades, y un mejor uso de sus riquezas nacionales para apuntalar
una revolución industrial y una mecanización acelerada de nuestra producción
agrícola.
Dentro de
esos análisis, las tareas que se le encomendaban a los destacamentos
guerrilleros del FAS —ubicados
en el Oriente del país, además de sus expresiones urbanas— consistían en
promover la organización social y política del campesinado y de los productores
del campo, y adicionalmente contribuir a atender los problemas de sostenimiento
de las campañas de propaganda y de educación hacia el pueblo. Además, pese a
sus dimensiones, eran una luz referencial ineludible que indicaba a los
venezolanos que sí se podía transformar nuestra sociedad hacia una verdadera
independencia asentada en una próspera justicia social. Su rol era el de
apuntalar lo que considerábamos esencial: la irrupción de las masas populares
organizadas con formas de expresión muy variada, desde la participación en los
eventos electorales hasta la conformación de órganos de resistencia y defensa
ciudadana como base para alimentar el espíritu subversivo e insurreccional.
En estas
más de cuatro décadas, los revolucionarios venezolanos hemos rendido homenaje a
la valentía de esa camada de jóvenes que ofrendaron sus vidas en aras de un
ideal libertario. La luz que fue apagada se ha convertido ahora en un relámpago
que alumbra los senderos libertarios, hoy más que nunca necesarios por el
retroceso gigantesco que ha sufrido Venezuela, al convertirse en un enclave
colonial al servicio de los intereses imperialistas de Estados Unidos y con la
existencia de una ficción democrática no encarnada en el vivir cotidiano de los
venezolanos de a pie.
